Luego de las reuniones mantenidas con los cooperativistas y del relevamiento realizado en el predio por profesionales de las áreas de Planeamiento y Obras Privadas, Obras Sanitarias, Alumbrado Público y Vialidad, desde el gobierno municipal se elaboró un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura necesaria para avanzar con el desarrollo del barrio.

En ese marco se solicitó a la Cooperativa, a través de su secretario, Pablo Gatti, que informe sobre las acciones previstas, el cronograma de trabajo y las observaciones que considere pertinentes respecto del diagnóstico realizado, con el objetivo de coordinar las tareas, evitar superposiciones y continuar con el proceso de regularización del emprendimiento.

Asimismo, se recordó que, como parte del acompañamiento técnico comprometido con el fin de facilitar el cumplimiento del Convenio Urbanístico, el Departamento Ejecutivo se puso a disposición de la Cooperativa para la elaboración de los planos técnicos correspondientes a las obras de alumbrado público, obras sanitarias y vialidad, pero que aún no se recibió ninguna solicitud formal en ese sentido. 

Desde el municipio también se reiteró que las obras particulares no podrán autorizarse mientras permanezcan vigentes las interdicciones que pesan sobre el loteo, ya que el levantamiento de esas restricciones depende del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio Urbanístico y de la ejecución de la infraestructura exigida por la normativa provincial. Entendiendo que el acceso digno no implica solamente contar con una vivienda, sino también garantizar barrios planificados, con infraestructura adecuada, servicios, accesibilidad y condiciones urbanas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias.

Al respecto, se remarcó que el desarrollo de nuevos barrios debe ajustarse a las condiciones establecidas por el Decreto-Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y por la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que establecen como requisito la ejecución de las obras de infraestructura antes de habilitar la construcción de viviendas. Por eso, la ley establece que, además de los terrenos destinados a las viviendas, todo nuevo barrio debe ejecutar las obras de infraestructura que correspondan según las características del proyecto. Entre ellas se incluyen las redes de agua potable, tratamiento de residuos cloacales, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, vías de circulación y desagües pluviales y los demás servicios básicos previstos para cada desarrollo.

Estas exigencias alcanzan a los nuevos loteos nacidos después del año 1977. En cambio, muchos barrios consolidados de Chascomús surgieron antes de la vigencia de esta legislación o bajo marcos regulatorios diferentes, por lo que fueron desarrollados con criterios distintos a los actuales. Sectores tradicionales de la ciudad, como El Hueco, San Cayetano o Iporá, no estuvieron sujetos a las mismas obligaciones que hoy rigen para los nuevos emprendimientos.

La ley también establece que la ejecución de estas obras es responsabilidad de quien impulsa el desarrollo urbanístico. Se trata de una obligación propia de todo nuevo loteo y de un requisito indispensable para obtener los permisos de construcción de las viviendas.

El objetivo de estas disposiciones es que las familias que comienzan una nueva etapa de vida en un barrio, cuenten desde el primer día con las condiciones básicas para vivir.

La Municipalidad reafirmó su disposición a continuar brindando asistencia técnica durante todo el proceso, con el objetivo de acompañar la concreción del proyecto de “Lotes con Servicios” impulsado por la Cooperativa.